Panorama Cajamarquino

Fiscalización laboral

La fiscalización laboral es una pieza clave en la meta que se ha puesto el Gobierno de duplicar de 30% a 60% el porcentaje de trabajadores formales en el Perú al 2021, por eso son importantes las iniciativas que buscan extender esa supervisión a todo el país, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

En ese sentido, hay que saludar el reciente convenio suscrito por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) con siete gobiernos regionales, precisamente para mejorar las inspecciones laborales en esas jurisdicciones: Áncash, Apurímac, Cusco, Huánuco, Junín, Lima-Provincias y Loreto. Cajamarca está en un nivel mejor.

El principal problema del empleo en el país es la alta tasa de informalidad laboral. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), efectuada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el 2016, el número de trabajadores con empleo formal ascendió a 4 millones 539,800 (28%) y con empleo informal fue de 11 millones 657,300 (72%).

Es decir, de cada cuatro trabajadores, tres son informales y apenas uno figura en planilla, con lo que eso significa: servidores sin derechos y sin aportes a un fondo previsional para el futuro.

Es más, entre las propias empresas formales existe un índice de 25% de informalidad, según reporte de la propia Sunafil.

Es ahí donde tiene que actuar la supervisión para que la formalidad no retroceda, mientras amplía su radio de acción a los nuevos trabajadores formales que se incorporen al mercado, en virtud del crecimiento económico y los incentivos otorgados a las micro y pequeñas empresas, que ahora cuentan con régimen tributario especial.

El acuerdo suscrito con las regiones es más que oportuno, pues son comúnmente en estas circunscripciones donde se concentran los mayores índices de informalidad.