Panorama Cajamarquino

Una salida a los conflictos

La historia reciente nos ha enseñado que la factibilidad de un proyecto minero y extractivo en general depende, además del capital, de la viabilidad técnica y un marco legal adecuado para las inversiones, de la conformidad de las poblaciones aledañas, pues de lo contrario estallan los conflictos sociales, pierden las comunidades y, por supuesto, el país.

Kuczynski creó a principios de año el Fondo de Adelanto Social (D. Leg. 1334), como una medida para recobrar la confianza ciudadana en los proyectos extractivos, y que permita a su vez destrabar una cartera de inversiones mineras por 7,000 millones de dólares, muchos de ellos paralizados por la conflictividad social.

En resumidas cuentas, lo que el mecanismo de Adelanto Social hace es invertir los tiempos, construir las obras de impacto en las zonas aledañas antes de la construcción del proyecto, y no después, para que la población goce de sus beneficios, a la vez que se cierra la brecha social en construcción de colegios, postas médicas, viviendas y carreteras.

Los recursos del fondo son donaciones provenientes de entidades públicas o privadas; transferencias financieras de los pliegos presupuestales; créditos suplementarios; y otras fuentes de financiamiento permitidas o que apruebe el presupuesto.

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, ha informado que el Gobierno destinará este año 300 millones de soles a esta línea de inversión, de los cuales 100 millones ya son ejecutados en la región Cajamarca, una de las más pobres del país, según el INEI, y justamente donde se ubica el proyecto minero Conga, que enfrentó duras protestas a inicios del gobierno anterior.

“Lo que queremos –primero– es mejorar la calidad de vida de la población de la zona con futuros proyectos extractivos, no solo mineros. Si bien el Fondo de Adelanto Social nació pensado en el sector minero, se observó que es una herramienta útil para otras actividades. En el MEM tenemos una cartera priorizada de 14 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo […] Son cerca de 20,000 millones de dólares. La idea es que el próximo año deberíamos tener decisiones muy claras sobre Mina Justa (Ica), Quellaveco (Moquegua), Michiquillay (Cajamarca) y Corani (Puno). Entre estos cuatro podemos tener 8,000 millones de dólares”, afirmó el titular del MEM. La conflictividad social es un problema latente en el país que lamentablemente no se resolvió en el pasado. Solo en lo que va del año se tienen registrados 212 enfrentamientos, más de la mitad de ellos por causas socioambientales, según los datos de la Defensoría del Pueblo.

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