Panorama Cajamarquino

Detectan presuntas irregularidades en compra de equipos médicos en la región

Mediante una auditoría de cumplimiento a dos licitaciones y una adjudicación de menor cuantía derivada para la adquisición de equipamiento médico destinado a distintos establecimientos de salud de la región La Libertad, en los años 2012,2013 y 2015 la Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades que habrían vulnerado el cumplimiento de la Normativa Técnica de Salud y la Ley de Contrataciones del Estado.


Además, no se habrían aplicado las penalidades estipuladas en el contrato, generando un perjuicio económico de S/ 169,787.00 en contra del Gobierno Regional de La Libertad.
Estos hechos se encuentran plasmados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 110-2018-GG-CORETR-AC, el cual fue notificado al Gobierno Regional de La Libertad, entidad que estuvo a cargo de las licitaciones y la adjudicación, para que valoren las observaciones y recomendaciones señaladas en el documento.
Principales observaciones:
-La Gerencia Regional de Salud de La Libertad, en su calidad de área usuaria, habría dado la conformidad en el 2015 de la recepción de un mamógrafo, sin que sea instalado y puesto en operatividad, conllevando a que no se aplique la penalidad por mora en la ejecución del contrato, ocasionando un presunto perjuicio económico a la entidad de S/169,787.00.
-La buena pro de un “Ecógrafo Doppler y Equipo de Rayos X” se habría otorgado a un postor que presentó un documento con contenido distinto al establecido en las bases integradas; reduciendo en dos años la obligación del contratista de proveer los repuestos para los equipos.
-Los contratos de la Licitación Pública N° 004-2013-GRLL-GRAB, “Adquisición de ecógrafos, aspirados, centrifuga y otros similares” se habrían firmado a pesar de que la documentación se presentó fuera del plazo, afectando la imparcialidad que debe regir en toda contratación del Estado.
Cabe resaltar que la Contraloría recomendó remitir el documento al Órgano Instructor para iniciar el procedimiento sancionador a los ocho funcionarios y servidores públicos presuntamente responsables. Asimismo, dispuso poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales para que inicie las acciones de carácter civil contra los trabajadores.