Panorama Cajamarquino

APRUEBAN POR INSISTENCIA REGULAR LA PUBLICIAD ESTATAL

El Pleno del Congreso aprobó – con 70 votos- insistir en su iniciativa legislativa de regular la publicidad estatal en los medios de comunicación privada, luego de que esta fuera observada por el Poder Ejecutivo. La bancada de Peruanos por el kambio anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad de la norma.

El debate del proyecto demandó gran parte de la sesión vespertina del jueves 14, que fue reiniciada a las 3:30 pm. A las 6:00, el presidente de la comisión dictaminadora, Roy Ventura, dispuso que se pusiera al voto. Previamente se rechazó una cuestión previa para que el proyecto retornase a la Comisión de Transporte y también a la de Constitución “porque era una discusión sobre derechos, no solo de cifras” (Gilbert Violeta).

El debate general tuvo varios aspectos de discusión. Para los congresistas de Fuerza Popular se trató de excesos de gasto estatal en los medios de prensa. Roy Ventura puso como ejemplo que en el gobierno de Alejandro Toledo se gastaron 112 millones de soles, en el de Alan García 388 millones, en el de Ollanta Humala 916 y en los 18 meses del régimen de PPK, 570 millones de soles.

Recordó que en el 2006 se reguló el gasto estatal en publicidad, pero la ley nunca fue reglamentada y luego de modificarse la Ley de Contrataciones del Estado “empezó el despilfarro de recursos”.

En el mismo sentido, al final del debate, su colega de bancada Héctor Becerril señaló que el dinero gastado (el pago a los medios de prensa, como 50 millones para Canal 4 y 54 millones a RPP, como ejemplos) debería canalizarse a los programas de salud, especialmente los dirigidos a los niños.

Ventura Àngel sostuvo que la norma no afectaba la libertad de expresión, que se puede informar de las campañas que realiza el Estado y tampoco se trata de una censura.

Su autor, el congresista Mauricio Mulder, expresó que no es un tema de libertad de expresión, que “se ha querido disfrazar el tema” y que estas normas ya han sido señaladas en la Ley de Contrataciones, de la que nadie ha dicho nada.

Usando cifras de Osiptel, Mulder dijo que casi el 90% de la población del país tiene acceso a internet y que la publicidad estatal puede derivar a otros medios como las redes sociales que han tenido un alto incremento. Pidió que se difunda la información por esos medios y por el canal del Estado y lamentó que el debate de su iniciativa haya derivado en una guerra de opiniones y polarización de posiciones.

Lourdes Alcorta, al pedir la palabra, dijo que suscribía lo afirmado por su antecesor. Opinó que los medios se han vuelto beneficiarios del Estado y preguntó dónde están las necesidades del Estado. “No más gastos de asesoría y de auditorías”, afirmó.

Por su parte, Mercedes Aráoz dijo que se estaba cumpliendo con la ley y que frente a las críticas de Alcorta, sí se hace estudios técnicos sobre los índices y gastos de publicidad y que cada tres meses hay rendición de cuentas de parte de las instituciones del Estado. Pidió que no se obstaculice la comunicación de la población con el Estado.

La posición de Alberto Quintanilla (NP) fue que no se podía ir a una prohibición extrema con esta propuesta y que el debate era trascendente porque es responsabilidad del Estado regular el tipo de relación con los medios de información. Se puede regular, pero no prohibir, afirmó. Propuso un mayor debate.

A su vez, Tania Pariona (NP) opinó que el derecho a la información es un derecho ciudadano, que sí se debería regular, pero prohibirlo sería un exceso.

Otra fue la posición que expresó Marco Arana (FA). Dijo que el tema de fondo no era prohibir la publicidad estatal, sino democratizar los medios y que estos, al final, terminan como voceros de las malas prácticas empresariales.

Jorge Meléndez (PpK) opinó que se quería amordazar a la prensa libre; y el congresista Richard Arce (NP) dijo que había “una confusión de conceptos”, que se necesita regular la publicidad estatal, pero no prohibirla. Que se estaba atentando directamente contra el derecho constitucional a la libertad de información.

Este punto de vista fue compartido minutos después por los congresistas Alberto De Belaunde y Gilmer Violeta. El primero dijo que se afectaba la libertad de expresión y el derecho a ser informados y que no había diferenciación alguna. Se trata de una discriminación que no es justificada y se afecta la comunicación efectiva que debe tener el Estado, afirmó.

Violeta, por su parte, expresó que “no se creía el cuento de generar ahorro para el país” y que se trataba de un discusión sobre derechos, entre ellos a recibir información. Propuso como cuestión previa que el proyecto se envíe a la Comisión de Constitución.

También participaron, entre otros, los congresistas Güido Lombardi, Justiniano Apaza y Manuel Dammert. Lombardi dijo que era un problema de libertades más que de dinero y que se quería amedrentar a quienes tienen derecho a informar, de someter al ciudadano a la ignorancia de lo que ejecuta el Estado. Era un atentado a los derechos civiles.

Apaza Ordóñez pidió más reflexión sobre la responsabilidad de los medios de prensa porque se cree que a estos les interesa defender los derechos de los trabajadores. Luego Dammert anunció que no iban a respaldar la propuesta y que se debería replantear porque no se cumple con los propósitos que se quiere ni se regula los gastos. Finalmente serán los dueños de los medios los que manejen la información, afirmó.