Panorama Cajamarquino

Los Acuña: Símbolo de fraude

Los hijos de César Acuña, Richard Acuña Núñez y Kelly Acuña Núñez se han visto envueltos en un escándalo, pues ambos están siendo acusados por fraude procesal y falsificación de documentos públicos y privados para la adquisición de un terreno de 20 mil metros cuadrados en la zona El Gallinazo, ubicado en el sector Las Palmeras de la urbanización San Andrés, en el distrito de Víctor Larco.


Como se recuerda la Inmobiliaria San Vicente denunció a los Acuña de utilizar documentos irregulares para apropiarse de la citada propiedad aprovechando que se encontraba en litigio con el posesionario José García Marcelo.
Es por ello que el Sexto Juzgado Civil de Trujillo ordenó que desalojen el predio; pero en respuesta, el 4 de mayo del 2012 presentaron una serie de documentos supuestamente fraudulentos para poder quedarse.
Uno de ellos el certificado domiciliario, que supuestamente el 21 de noviembre del 2004, habría sido expedido por la juez de Paz del distrito de Víctor Larco, Tania Rojas Vásquez; pero la aludida declaró ante la Fiscalía que la firma, letra y sello que aparece en el documento no son suyos.
Asimismo, mediante el oficio N°140-2015, Tania Rojas, precisó que ejerció el cargo de juez de Paz de segunda nominación en el distrito de Víctor Larco lo ejerció en agosto del 2005 hasta noviembre del 2009.
Luego de ello, la denuncia de los Acuña quedó prácticamente en el olvido sin un avance significativo, sin embargo, el pasado 6 de abril la Corte Suprema presentó una solicitud para retirar la protección que tiene como legislador Richard Acuña con el fin de ser investigado por el Ministerio Público.
Ante ello la Comisión de Levantamiento de Inmunidad declaró por unanimidad improcedente esta solicitud porque los presuntos delitos se habrían cometido en el 2004, cuando Acuña no era congresista y no había sido elegido en funciones.
Asimismo, el titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, Elías Rodríguez, señaló que no existe ningún blindaje contra el legislador apepista.
“Nosotros no juzgamos, ni acusamos, pero tenemos que ver que se cumpla el reglamento, la ley y el debido proceso”, manifestó Elías Rodríguez.
Cabe resaltar que a favor del predictamen que recomendó declarar improcedente el pedido votaron los parlamentarios: Daniel Salaverry, Marco Miyashiro, Nelly Cuadros, Humberto Morales, Wuilian Monterola, Francisco Villavicencio y César Vásquez.
En cuanto a Kelly Acuña Núñez, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo resolvió dictar auto de enjuiciamiento.
La jueza Alicia Villanueva Miranda dispuso esta medida tras la solicitud del Ministerio Público, que pide ocho años de pena privativa de la libertad por el delito de falsificación de documentos y tres años por fraude procesal y falsedad ideológica, además de más de S/3 millones como reparación civil.
Además, la jueza también determinó que se dicte comparecencia simple a la investigada.
Por otro lado, se incluyó citar a quince testigos, quienes darán mayores luces de lo que sucedió en el año 2000, cuando se adquirió el terreno.
Finalmente, en los próximos días será programado el juicio oral contra Kelly Acuña Núñez.