Panorama Cajamarquino

¿Prueba prohibida o permitida?

Ántero Flores-Aráoz-Expresidente del Congreso

La Constitución garantiza que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados, y agrega que las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato judicial. Si fueren obtenidos con violación de este precepto, no tienen efecto legal, lo que se conoce en la doctrina jurídica como “prueba prohibida”. La Constitución también determina como inválidas las declaraciones obtenidas por la violencia.

Lo expuesto queda corroborado en el nuevo Código Procesal Penal, al determinar que no se puede utilizar, directa ni indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales.

Por lo general, los constitucionalistas señalan que el derecho a la reserva y no interceptación de comunicaciones y documentos privados solo puede ser levantada judicialmente o por los emisores y receptores, pero en conjunto.

No obstante lo indicado, la claridad del concepto del secreto y no interceptación de las comunicaciones se ha relativizado y se pone frente a él las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, por cualquier medio de comunicación, sin previa autorización, censura ni impedimento, precisando que el derecho a comunicar conlleva otro correlativo: el derecho a recibir información.

Se ha llegado incluso a considerar que la necesidad de mandato judicial para ingresar en comunicaciones ajenas, no consentidas por sus actores, estaría transgrediendo las libertades enunciadas y la prohibición de censura previa, siendo las responsabilidades posteriores “las que deben estar expresamente fijadas por la Ley”, tal como afirma la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Si bien la jurisprudencia es nutrida en estos temas, lo cierto es que ella también debilita el precepto de inviolabilidad y no interceptación de comunicaciones, pues afirma que cuando se trata de interés público, como es la perpetración de delito y su investigación, así como enjuiciamiento, la utilización de lo que fuera “prueba prohibida” dejó de serlo, se permite su utilización. Se agrava el tema por la existencia del delito denominado omisión de denuncia, en que se sanciona a quien, conociendo de un delito, no lo denuncia a la autoridad.

En buena cuenta, se trata de contraponer dos derechos, haciendo primar el interés colectivo de investigar y sancionar el delito, respecto a la reserva de las comunicaciones. Lo público prima sobre lo privado. Además, nuestra corriente jurisprudencial en materia constitucional nos indica que cualquier derecho fundamental tiene límites.

Como podemos advertir, la interpretación que hacen los tribunales, en la práctica, tiene tanto o mayor valor que el texto de las mismas normas, y más si tiene el carácter de jurisprudencia vinculante, esto es: obligatoria. Los justiciables quedamos en manos de los jueces, por más clara que consideremos a la norma.