Panorama Cajamarquino

Formatos que no pierden vigencia

Hace poco se publicó una resolución directoral de la dirección general de patrimonio arqueológico del Ministerio de Cultura relativa a los informes finales emitidos por los proyectos arqueológicos en nuestro país. En ella se establecen nuevos formatos para uniformizar la información recabada en las investigaciones.

El principal interés de este tipo de normas es que los nuevos conocimientos adquiridos por los estudios arqueológicos realizados en el Perú sean fácilmente consultados por los especialistas, en especial, por los profesionales nacionales. La resolución directoral que mencionamos, la 143 de este año, atañe particularmente a los proyectos de evaluación arqueológica y a los de rescate arqueológico.

Mediante estos formatos uniformes se facilita la toma de decisión de las autoridades. Estos tipos de proyectos buscan salvar nuestro acervo cultural, ante obras consideradas ineludibles y de necesidad y utilidad pública. Por ejemplo, cuando solo es posible la construcción de servicios básicos para una población en una zona donde hay restos arqueológicos.

Es constante la preocupación del Estado por mantener disponible para los peruanos los conocimientos aprendidos de estas investigaciones. Si revisamos las normas, en el 2014, el reglamento de intervenciones arqueológicas aprobado por decreto supremo mantuvo, por ejemplo, la necesidad de que las excavaciones dirigidas por un profesional extranjero no residente en el país fueran también supervisadas por un colega suyo peruano. Ambos tienen, de acuerdo con las leyes peruanas, las mismas responsabilidades y atribuciones.

Dicho sea de paso, en esta norma se consagró la obligación de que ambos profesionales estén en todo momento a cargo de los trabajos de excavación y de la etapa de gabinete –estudio posterior de las piezas encontradas en el sitio arqueológico–, así como de la redacción del informe final. Esta precisión se hizo para que la participación de los especialistas peruanos fuera efectiva y no simplemente nominal.

En la convención de la Unesco sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, realizada en París en 1972, se estableció que los Estados tienen la obligación no solo de identificar, proteger, conservar y rehabilitar el acervo monumental ubicado en su territorio, sino también de transmitírselo a las generaciones futuras. Y en ello debe emplear el máximo de los recursos de que disponga.

Entre las recomendaciones de la Unesco están adoptar las medidas jurídicas, científicas y administrativas adecuadas para este fin, así como facilitar y estimular a escala nacional la investigación en el campo arqueológico. Nuestro país es un aplicado seguidor de las recomendaciones de la Unesco. Prueba de ello son nuestros numerosos sitios incluidos en su lista de patrimonio cultural de la humanidad.

Lejanas están las épocas en que arqueólogos de otras nacionalidades llegaban al país para hacer sus trabajos sin dejar un conocimiento efectivo para sus colegas del Perú. En muchas ocasiones, sus estudios se publicaban en idiomas distintos al nuestro, pero con las normas que se implementan, cada vez más precisas, esta situación es superada.

Es constante la preocupación del Estado por mantener disponible para los peruanos los conocimientos aprendidos en los trabajos arqueológicos hechos en el país.