Panorama Cajamarquino

“LA DENUNCIA CONTRA ALAN GARCÍA DE FAVORECER A EMPRESA MINERA CANADIENSE”.

El pasado domingo 15 de julio en el programa periodístico “Cuarto Poder” de América Televisión, casi al finalizar el mismo se tocó un  tema en donde se denunció al ex presidente Alan García de favorecer  a una empresa minera Canadiense, y está empresa se encuentra precisamente en nuestra región Cajamarca, más concretamente en la provincia de Cajabamba.

 

En tal sentido, Panorama dado el interés de este espinoso y polémico tema donde se jugaron miles de millones de dólares, pone a disposición de sus lectores lo que publicó Cuarto Poder para que se hagan un juicio al respecto.

La presión del ex presidente Alan García

El hijo de Orlando Sánchez Paredes dijo que el expresidente presionó para que su empresa cediera un yacimiento minero en Cajamarca valorizado en mil millones de dólares a la minera canadiense Sulliden.

 

Según Sánchez Miranda el expresidente habría incluso intentado presionar a un juez de la Corte Superior de Lima para que no falle a favor de su empresa en la disputa por un yacimiento. | Fuente: Congreso de la República

 

¿Quién es Alfredo Sánchez Miranda?

Alfredo Sánchez Miranda, hijo del acusado por narcotráfico Orlando Sánchez Paredes, denunció el domingo 15 de julio que el expresidente Alan García intercedió por la empresa minera canadiense Sulliden, a fin de que la empresa de su familia entregue un yacimiento valorizado en mil millones de dólares de una mina que compraron en 2003.

En declaraciones al dominical Cuarto Poder, Sánchez Miranda, aseguró que todo inició cuando la empresa de su familia, Comarsa, compró el total de las acciones de la mina Algamarca en Cajamarca. Esta mina tenía como opción la venta de las concesiones a la empresa Sulliden por un tiempo determinado, acuerdo que Comarsa aceptó y que Sulliden incumplió en el plazo fijado, pero que quiso retomar luego ante la negativa de la familia de Sánchez Paredes.

Disputas y venta obligada

La disputa por el yacimiento fue a un proceso en el Poder Judicial y según comentó Sánchez Miranda, cuando ya iban a ganar el juicio, el expresidente Alan García convocó una conferencia de prensa el 28 de enero de 2008 en la que aseguró que perseguiría a la familia Sánchez Paredes por un presunto lavado de activos.

 

Círculo cercano a Alan García

Sin embargo; el hijo de Orlando Sánchez Paredes dijo que detrás de esta investigación existían intereses económicos y que los personajes involucrados pertenecían al círculo más cercano al expresidente García. Agregó que después de la conferencia el Gobierno de García les obligó a vender el yacimiento porque entonces estaba valorizado en US$2 mil millones en solo US$50 millones, para que finalmente fuera vendido en 2015 en US$ 1,000 millones.

“Él salió en conferencia de prensa a decir que nos había descubierto y que gracias a su conferencia se inició una investigación (…) Lo que no dice García es que detrás de su conferencia de prensa había intereses económicos, la disputa de una mina donde los personajes que actuaban alrededor era su propia gente”.

Evidencia de la presión

Sánchez Miranda dijo que su familia logró llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se han recopilado diversos testimonios que demostrarían una supuesta presión por parte del gobierno de García a favor de Sulliden.

Papel del ex presidente de la Corte superior de Lima, César Vega Vega

Uno de estos es el del expresidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, quien en declaración jurada dijo que había recibido una advertencia del abogado Alberto Quimper para que no dé un fallo favorable a los Sánchez Paredes en la disputa por el yacimiento.

“Durante su visita a mi oficina, el abogado Quimper me dijo que tuviera cuidado con el caso Sulliden porque Alan García había ordenado una investigación a fondo sin considerar a quién pudiera atrapar a sanciones penales, y que él no quería que yo sufriera las consecuencias de estar de acuerdo con los Sánchez en el caso Sulliden. Comprendí claramente que esas declaraciones configuraban una amenaza contra mi independencia judicial, y sin más eché a Alberto Quimper de mi oficina”.

No es la primera vez que Alan García es denunciado

El año pasado en el mes de octubre la agencia de noticias AFP publicó lo siguiente “…Fiscalía investiga a ex presidente Alan García como presunto líder de organización criminal

Esta banda estaría envuelta en actos de corrupción y de presunto enriquecimiento ilícito. Su abogado anunció que presentará una acción de amparo para dejar sin efecto la decisión fiscal.

Crédito: AFP

 

La fiscalía peruana amplió por 36 meses una investigación por lavado de activos al ex presidente, Alan García, tras presumir que éste lidera una supuesta organización criminal envuelta en actos de corrupción y de presunto enriquecimiento ilícito, inform la prensa limeña.

“Se presume que el investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez es el líder de la presunta organización criminal, cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos”, dice la resolución de la fiscalía que reproduce el diario La República. La investigación transcurre bajo reserva.

Según el documento, el ex presidente, que gobernó Perú en dos ocasiones -de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011-, lideraba la supuesta organización compuesta por 31 personas y dividida en tres niveles. El primer nivel, el más importante y de mayor confianza -siempre según la fiscalía- habría estado conformado por la esposa de García, la argentina Pilar Nores, y cuatro ex ministros.

La fiscalía sospecha que desde 1991 Alan García “habría dispuesto (que) se ejecuten los actos de lavado de activos originados en actividades criminales de cohecho contra la administración pública y otros, apoyado en una sólida organización delictiva que habría funcionado de manera regular y que estaba integrada permanentemente por los demás investigados y otras personas”.

El ex presidente cuestionó, por contradictoria, la decisión fiscal, así como el hecho de que su caso sea incluído en el marco de la ley de organización criminal. Su abogado anunció que presentará una acción de amparo para dejar sin efecto la decisión fiscal porque García ya fue investigado por enriquecimiento ilícito.

“Bienvenida será toda investigación, pero sin abusos ni violación de derechos”, escribió García en una declaración que difundió en las redes sociales donde recordó que el fiscal del caso, José Antonio Castellanos, ya lo había exonerado de delitos en octubre de 2016 cuando determinó archivar una investigación por lavado activos.

“Está llamando una organización criminal a hechos de su imaginación porque no hay prueba o indicio de que el ex presidente Alan García esté liderando algo así. Ni siquiera está el cuerpo del delito”, dijo su abogado Genaro Vélez citado por el diario El Comercio.

Según la fiscalía, los investigados por lavado de activos pasan a ser escrutados bajo la ley de crimen organizado cuando existen sospechas de que “tres o más personas actúan coordinadamente para cometer un delito amparados en una estructura y ámbito de acción con carácter estable o por tiempo indefinido…”.