Panorama Cajamarquino

EDITORIAL | Respuestas eficaces y oportunas

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a esta realidad y las acciones que se desarrollan merecen ser relievadas, pues es claro que la lucha contra este flagelo exige respuestas integrales, oportunas y eficaces.

Las recientes denuncias, sin lugar a duda, justifican la urgente necesidad de una reforma inmediata del sistema de administración de justicia. Sin embargo, existen iniciativas y esfuerzos que merecen ser considerados, entre ellos, el que lleva adelante la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, la cual busca incluir la perspectiva de género en el ámbito de la justicia.

Por esta labor inclusive la judicatura fue invitada a conformar la nueva Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, liderada desde el Poder Ejecutivo.

Grupo de trabajo que desde el más alto nivel y con la participación de las principales autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros, ministerios, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, busca diseñar y ejecutar una estrategia integral e interinstitucional en el sentido de brindar una respuesta a la violencia que se ejerce sobre la mujer.

En este contexto y para potenciar de igual modo las capacidades de los magistrados y personal judicial, así como emplear la normativa de manera correcta, recientemente se publicaron los acuerdos adoptados en el Décimo Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema, convocado por la judicatura dentro de su política institucional de lucha también contra este flagelo. Es necesario precisar que durante el 2017 se dictaron 183,853 medidas de protección y 245,165 denuncias en todo el Perú.

El pleno de jueces supremos penales, de esta forma, determinó que la violencia de género contra la mujer está enmarcada en un fenómeno estructural de nuestra sociedad “caracterizada por la discriminación, desigualdad y relaciones de poder entre el hombre y la mujer”. Por ello, considera que el feminicidio constituye un delito doloso, que solo puede ser cometido por un hombre, y que debe recurrirse a indicios objetivos para dilucidar la verdadera intencionalidad del presunto feminicida como la intensidad del ataque, el medio empleado, la vulnerabilidad de la víctima, el lugar donde se produjeron las lesiones o indicios del móvil.

 

Estableció, además, que los contextos en los que se puede producir un feminicidio son de violencia familiar; de coacción, hostigamiento y acoso sexual; de actos de discriminación y de aprovechamiento de las ventajas y prerrogativas que se posee con respecto a la víctima. Concluyó que el delito de feminicidio se agrava cuando la víctima es menor de edad o una persona adulta que está en estado de gestación o al cuidado del autor del ilícito.

Asimismo, cuando se ejerza violación sexual previa, abuso de discapacidad, en presencia de los hijos o como acto culminante de actos de explotación como la trata de personas, entre otros.

Es más que evidente la magnitud del fenómeno criminal de la violencia contra la mujer en el país, como lamentablemente lo demuestran las estadísticas. De ahí que los poderes públicos no pueden ser ajenos a esta realidad y las acciones que se desarrollan merecen ser relievadas y resaltadas, pues es claro que la lucha contra este flagelo exige respuestas integrales, oportunas y eficaces por parte del Estado y la sociedad.